BLURADIODIGITAL SANTO DOMINGO RD.- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota (Carandai), tras ser encontrado culpable del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera.
El tribunal presidido por Keila Pérez Santana, e integrado por Elías Santini Pereira y Arisleida Méndez Batista, dispusieron que el imputado cumpla la pena impuesta en la cárcel de Najayo.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger el dictamen del ministerio público, representado por las fiscales adjuntas Magalis Sánchez, María Silvestre y Laura Toledo, quienes pidieron declararlo culpable de los hechos que se le imputa y sentenciar al máximo de la pena.
En la audiencia, el ministerio público estableció que de la Cruz Mota planificó el asesinato del ministro, alegadamente porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurum Gavia, S.A, por no cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para el otorgamiento de ese tipo de licencia medioambiental.
En la audiencia, que se inició pasadas a las 11:00 de la mañana y se recesó a las 6:40 de la tarde, fueron escuchados diez testigos de cargo aportados por el Ministerio Público, entre los que se destacan Orlando Salvador Jorge Villegas, hijo del finado funcionario, y el general de brigada del Ejército Nacional, Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández, jefe del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y Juan Manuel Cuervo Desangles, ex coordinador nacional de ese ministerio.
También, el coronel del Ejército Wascar Adolfo Montilla Almánzar, el exjefe de Seguridad de Medio Ambiente; el jurista Edilio Segundo Florián Santana, ex consultor jurídico de Medio Ambiente; los ex funcionarios y abogados Alfonso María Mendoza Rincón, Porfirio Leonardo, el teniente de la Policía Nicolás Montero, encargado de la seguridad de Jorge Mera; el cura párroco José Arismendy León, y las asistentes del despacho Erika Altagracia Ramírez y Maribel del Carmen Martínez.
Las fiscales calificaron la acción del acusado como “asesinato y porte ilegal de armas de fuego”, delitos que están tipificados por los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que penalizan el asesinato y el porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
El hecho ocurrió el 6 de junio de 2022 en su despacho del edificio gubernamental, ubicado en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional. FUENTE LISTIN/BR
