BLURADIODIGITAL SANTO DOMINGO RD.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) calificó hoy como un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo, el comunicado emitido ayer por la Procuraduría General de la República, en donde, entre otras cosas, anuncia que tomará medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos en los medios de comunicación.
Defendió el derecho que tienen las oficinas de abogados, empresas o cualquier persona en particular, de contratar la asesoría de cualquier profesional de la comunicación para dar a conocer su versión sobre un hecho.
“Creemos que el Ministerio Público debe actuar con transparencia total en los procesos, pero a la vez respetar el derecho de los periodistas en el ejercicio de la profesión.
Henríquez llamó a los periodistas que cubren el sector justicia a mantenerse alerta ante cualquier atentado a la libertad de informar cuando ocurren hechos en el seguimiento de los casos judicializados, no solo los de corrupción, sino todos.
El periodista es un profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la Constitución tenemos derecho a jamás ser censurados por ningún poder del Estado, llámese Justicia, Legislativo o Ejecutivo”, precisó Henríquez.
Declaró que el CDP se mantiene activo y alerta ante cualquier amenaza contra la libertad de prensa y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos que esperan y exigen un ejercicio ético y profesional del periodismo.
La reacción del CDP surge ante un comunicado emitido ayer por la Procuraduría General de la República, en donde, entre otras cosas, denuncia la orquestación de una campaña a nivel de medios de comunicación para desacreditar los acuerdos que se han hecho con imputados en casos de corrupción, y advierte que tomará medidas cautelares.
“Estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos”, dice el comunicado de la Procuraduría.
Añade que los imputados en casos de corrupción han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana.
El comunicado se produce luego que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., Benjamin Cardin, expresó estar preocupado por “el compromiso de luchar contra la corrupción” en la República Dominicana, pues tiene la visión de que aquí se va “en contra de la oposición”.
La reacción se produce luego de que abogados y periodistas revelaran detalles del acuerdo con figuras como Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y José Arturo Ureña y cuestionaran los beneficios que le ofrece el Ministerio Público, la articulación de los acuerdos y que se estableciera que los montos devueltos por ellos se hicieran mediante la construcción de obras públicas.
Días antes, abogados de imputados habían señalado que el Ministerio Pública estaba negociando con la impunidad, ya que a esos mismos implicados se le atribuía haber recibido de manera ilegal 7,615 millones de pesos y que se llegó a un acuerdo para librarlos del proceso con la sola devolución del equivalente a mil millones de pesos.
“Estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos”, indica.
Sobre su personal
Sobre los cuestionamientos contra el proceder de personal de la Procuraduría General de la República, señala que el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada.
“Esa exempleada, que no labora hace meses en la institución, por demás nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución”, señala el Ministerio Público en el comunicado.
Dijo que es preciso establecer que el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión.
Ministerio Público
La Procuraduría General de la República dijo en el comunicado que “escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”. Dicho comunicado también obtuvo el rechazo de diferentes organizaciones y personalidades de la vida nacional. FUENTE EL NACIONAL /BR
