BLURADIODIGITAL SANTO DOMINGO RD.- Uno de los problemas más graves es la evidente falta de control y supervisión en el uso de este insumo. Las entidades estatales parecen operar con una libertad excesiva, sin rendir cuentas adecuadas sobre cómo se utilizan estos recursos. Esta falta de supervisión permite que se generen gastos innecesarios, afectando directamente el Presupuesto Nacional y, por ende, a todos los ciudadanos.
Un 5% de las contrataciones que realiza el Estado dominicano está destinada a las compras de combustibles, según los datos ofrecidos por los organismos oficiales, lo que representa la suma de más de 40 mil millones de pesos si lo calculamos desde el mes agosto 2020 hasta la fecha.
Según el monto adjudicado por el Gobierno en 2023, esto significó un gasto de más de mil millones de pesos mensuales por parte de las instituciones públicas, una suma bastante significativa si tomamos en cuenta que nuestro país tiene un tamaño relativamente pequeño y que además tiene una fuerte concentración de sus instituciones y servicios en la ciudad.
Numerosos datos de consulta pública dan cuenta de los casos específicos donde el consumo de combustible por parte de vehículos oficiales y la maquinaria estatal excede los límites razonables. Empresas que más combustibles vendieron al gobierno
Estos excesos no solo son financieramente perjudiciales, sino que también contribuyen negativamente al medio ambiente. La ausencia de políticas claras y estrictas para la regulación del uso de combustibles es una muestra de la ineficacia de las autoridades encargadas.
Aunque hay una «Guía de buenas prácticas para la contratación eficiente de combustible» de reciente publicación, esta solo está dirigida únicamente a la compra de combustible destinado para el uso institucional. En ese sentido, no aplica para la compra del combustible que se otorga a los empleados con cargos de alto nivel en calidad de prestación, beneficio indirecto o colateral establecido en los artículos 20 y 22 de la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
Pero, además, la mencionada guía solo marca unas orientaciones no vinculantes que se encuentra con una cultura enraizada de malas prácticas y como evidencia tenemos que hasta para la regulación a nivel privado existe un Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), y en el ámbito público no encontramos una entidad o normativa que se refiera a la supervisión o mecanismos de regulación de este bien.
En cualquier caso, el proceso de contratación del combustible envuelve mucha discrecionalidad, ya que se trata de un commodities con características parecidas y precios estandarizados en el que, además, su condición de líquido hace que sea muy difícil de medir cuando el mismo es comprado al granel.
Combustible al granel: compra de grandes cantidades de combustible entregadas y almacenadas en tanques del comprador. Esta modalidad puede ser más económica debido a descuentos por volumen, pero requiere infraestructura adecuada para el almacenamiento y una gestión rigurosa del inventario y calidad.
En esta modalidad existe un riesgo significativo de dispendio indiscriminado debido a la dificultad de controlar el uso exacto y prevenir desvíos no autorizados. La gestión inadecuada puede llevar a desperdicio y posibles problemas ambientales si el combustible no se almacena correctamente.
Tickets de combustible: vales o cupones prepagados canjeables por una cantidad específica de combustible en estaciones de servicio afiliadas. Facilita el control del consumo y permite una mejor gestión del presupuesto, aunque puede ser menos flexible dependiendo de la ubicación de las estaciones afiliadas.
Riesgo, asignación sin control de quien lo usa, discrecionalidad de quien los otorga, además, los tickets pueden ser intercambiados por dinero, lo que abre la puerta a la corrupción y mal uso de los recursos públicos.
En cuanto a la obligación que tienen las entidades contratantes de elegir a la empresa que presente la mejor oferta económica, esto se puede utilizar como mala práctica cuando el descuento de los oferentes se otorga como nota de crédito o tickets extras, puesto que esto puede prestarse a un uso poco transparente de los mismos.
Tarjeta de débito de combustible: tarjetas específicas para la compra de combustible, vinculadas a una cuenta de la institución y con límites y restricciones personalizables. Ofrecen un control preciso y detallado del consumo, reduciendo el riesgo de fraudes y abusos, aunque pueden tener costos administrativos asociados. A nuestro entender este es el mejor método de contratación por su eficiencia y transparencia.
Este artículo no pretende únicamente criticar, sino también llamar a la acción. Los ciudadanos merecen una administración pública que gestione los recursos con eficiencia y responsabilidad y que mejoren a diario sus mecanismos de control para la correcta administración de los recursos públicos.
En agosto del 2023, la tormenta Franklin azotó el país, dejando a su paso inundaciones y daños materiales. En medio de la crisis, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), realizó una compra de combustible por un total de 35 millones de pesos bajo la modalidad de «emergencia», amparados en la Ley de Contrataciones Públicas. Esta modalidad permite agilizar los procesos de compra en situaciones de catástrofes, desastres naturales, amenazas externas, entre otros, pero su uso debe ser justificado y transparente.
En este caso, la adquisición de 35 millones de pesos adicionales en combustible bajo la modalidad de emergencia plantea serias interrogantes. ¿Era realmente imprescindible adquirir tal cantidad de combustible de forma urgente durante una tormenta, cuando ya se habían licitado 45 millones previamente? ¿Qué justifica una cifra tan desproporcionada para un bien que no es esencial para atender los efectos de una tormenta?
La falta de transparencia y la discrecionalidad que se utilizó en torno a esta compra generan suspicacias y alimentan la desconfianza en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos del Estado, especialmente en situaciones de crisis, donde la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.
La tormenta Franklin no solo dejó daños materiales, sino que también puso en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la administración pública.
Falta de calidad afectaría vehículos institucionales
El reciente informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) sobre la calidad del combustible en República Dominicana ha encendido las alarmas; la revelación de que menos del 50% de la gasolina premium cumple con los estándares mínimos de octanaje, llama a preocupación.
En ese sentido, nos preguntamos si el Estado recibe un producto con la suficiente calidad especialmente en lo que respecta a las compras al granel realizadas por instituciones públicas, que, sumado a la ausencia de mecanismos de verificación efectivos para garantizar los niveles de octanaje y los demás requisitos que debe tener el derivado a ser recibido, plantea serias dudas sobre la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Este escenario no solo implica un perjuicio económico para el Estado, que podría estar pagando por un combustible de menor calidad y rendimiento, sino que también pone en riesgo la vida útil de los vehículos institucionales.
Compras ineficientes y falta de transparencia en el gasto de combustible de instituciones públicas
Un análisis de los datos disponibles en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) revela un patrón preocupante de ineficiencia y falta de transparencia en la adquisición de combustible por parte de algunas entidades contratantes.
Compras al granel sin ahorro real: Contrario a lo que se esperaría de las compras al granel, donde el volumen debería traducirse en descuentos significativos, las instituciones públicas parecen estar pagando el precio de mercado vigente al momento de la oferta. Esto no solo anula el propósito de la modalidad de compra, sino que plantea interrogantes sobre la capacidad de negociación de las entidades y la posibilidad de acuerdos poco ventajosos para el Estado.
No identificamos un solo caso donde una oferta o adjudicación se encontrara por debajo del precio del mercado en las fechas en las cuales se desarrollaron los procesos, lo que da cuenta de la ineficiencia de estas compras, que solo consisten en proporcionar esas grandes cantidades de combustibles a unas unidades o recipientes en un punto determinado y en una sola entrega, evitando así la empresa suplidora todo el gasto que implica cumplir con la prestación en las estaciones de servicio y además asumiendo el riesgo de que el precio por galón de combustible cambie y sea aumentado.
Estas deberían ser razones suficientes para negociar en mejores condiciones y procurar descuentos significativos como lo obtienen muchas empresas privadas, las cuales realizan convenios y acuerdan precios comprando incluso menores cantidades del derivado.
Falta de información en compras con tarjetas y tickets: La situación se agrava en las adquisiciones realizadas mediante tarjetas y tickets de combustible. Estos mecanismos, aunque convenientes, carecen de la transparencia necesaria para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. La información disponible se limita a la cantidad de tickets o el monto total de la compra, sin revelar el precio unitario por galón del combustible ni los detalles de las transacciones.
En el análisis de las tablas de datos abiertos de la DGCP, no fue posible visualizar cuál es el precio que cada entidad paga por el galón comprado, limitándose a enumerar en algunos casos la cantidad de tickets que se adquirieron con la denominación de cada uno.
Por otro lado, consultamos con un despachador, «bombero» en una estación de combustible quien admitió que es frecuente la venta de los vales o tickets con un 10 o 15 % de descuento por parte de empleados públicos quienes son beneficiados por la discrecionalidad del titular que dirige la institución.
Consecuencias para las finanzas públicas y la confianza ciudadana: Esta falta de transparencia impide evaluar si las instituciones están obteniendo el mejor precio posible por el combustible, lo que abre la puerta a posibles sobrecostos y malversación de fondos. Además, socava la confianza de la ciudadanía en la gestión de los recursos públicos, alimentando la percepción de que las instituciones no están actuando en el mejor interés de la sociedad.
Recomendaciones para mejorar la eficiencia y transparencia: Para abordar esta problemática, es crucial implementar medidas que promuevan la eficiencia y la transparencia en las compras de combustible de las instituciones públicas:
- Negociación más efectiva en compras al granel: las instituciones deben fortalecer su capacidad de negociación para obtener descuentos reales en las compras a granel. Esto implica analizar el mercado, comparar precios y establecer criterios claros para la selección de proveedores.
- Mayor transparencia en compras con tarjetas y tickets: es necesario implementar mecanismos que permitan conocer el precio unitario del combustible adquirido con tarjetas y tickets, así como los detalles de cada transacción. Esto podría lograrse mediante la publicación de informes periódicos o la implementación de sistemas de seguimiento en tiempo real.
- Auditorías y controles más rigurosos: la Contraloría General de la República y otros organismos de control deben intensificar las auditorías y controles sobre las compras de combustible, investigando cualquier indicio de irregularidad y sancionando a los responsables.
- Capacitación y sensibilización: es fundamental capacitar al personal de las instituciones públicas sobre las mejores prácticas en la adquisición de combustible, así como sensibilizarlos sobre la importancia de la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
La adopción de estas medidas no solo contribuirá a un uso más eficiente de los recursos públicos, sino que también fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones y promoverá una cultura de transparencia y responsabilidad en la gestión pública. Por último, sugerimos la implementación de sistemas de monitoreo y que se establezca la necesidad de auditorías más rigurosas con carácter de urgencia. Además, la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles, como las tarjetas electrónicas; la modernización del almacenaje; la programación del consumo; entre otras, podrían contribuir significativamente a transparentar su uso, eficientizar su rendimiento y reducir su consumo excesivo.FUENTE PANORAMA/BR
