BLURADIODIGITAL SANTO DOMINGO RD.- Durante décadas, el nepotismo en los gobiernos ha sido un tema de debate y controversia. En administraciones pasadas de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se reportaron casos en los que familiares y amigos cercanos fueron nombrados en posiciones gubernamentales, lo que generó fuertes críticas por la falta de transparencia y la posible violación de principios de meritocracia. Sin embargo, a pesar de haber sido un crítico durante su tiempo en la oposición, el gobierno del presidente Luis Abinader continúa con la mala práctica del nepotismo, ahora camuflada, lo que se ha convertido en un punto álgido en la opinión pública y en el discurso político del país.
En los pasillos del poder de la República Dominicana, el nepotismo sigue siendo una sombra persistente. En los últimos años, se ha transformado y ha echado raíces más profundas en nuestra administración pública, creando una red de favores y lealtades familiares que pone en peligro la igualdad de oportunidades. En la actualidad, se toma en cuenta evitar nombrar familiares en una misma institución y se distribuyen en diferentes entidades del Estado.
Desde ministros y directores generales hasta embajadores, asistentes y asesores, la lista de familiares con apellidos tradicionales y allegados que han encontrado su espacio en el Estado es larga y variada. Los apellidos se repiten, los lazos sanguíneos se entrecruzan, y el mérito tristemente no es la única condición para conseguir una posición en el Estado.
Pero el nepotismo no es solo un problema de ética y transparencia. También tiene un impacto directo en la calidad de los servicios públicos y en la eficiencia del gasto. Cuando los cargos se asignan por lealtad familiar en lugar de capacidad, la administración pública se resiente y los ciudadanos pagan las consecuencias.El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que surgió de una ruptura con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), se ha caracterizado por el uso del relevo generacional basado en las relaciones familiares. Este fenómeno, en el cual el apellido familiar juega un papel crucial, ha sido particularmente evidente en la selección de candidatos para posiciones institucionales y gubernamentales.
Ser descendiente de expresidentes de la República o de altos dirigentes del PRM ofrece una ventaja significativa en la repartición de cargos en la administración pública. Aunque se podría argumentar que estos dirigentes han sabido ganarse su espacio, su punto de partida no ha sido igual al de otros.
No se puede negar la influencia de ser hijo o nieto de figuras como Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y otros líderes que, aunque no fueron presidentes del país, ejercieron un liderazgo significativo. Nos referimos a Hatuey de Camps y al líder histórico de las masas populares, José Francisco Peña Gómez.
Recordamos los casos de Sonia Guzmán, embajadora en Washington, y su hijo Iván Hernández Guzmán, director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre). Y de Orlando Jorge Mera, fallecido, quien fue ministro de Medio Ambiente, su esposa Patricia Villegas, actual embajadora en Brasil, y su hermana Dilia Leticia Jorge, quien renunció el pasado 1 de enero de 2025, como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Seguidos con Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, y su hijo Juan Garrigó Mejía, viceministro de Gestión Social y Comunitaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
También formaron parte del Gobierno de Luis Abinader, Milagros Germán, quien fue vocera de la Presidencia y actualmente es la ministra de Cultura; su hija Milagros De Camps, viceministra de Medio Ambiente, quien renunció a esa posición en agosto pasado; y Luis Miguel De Camps, su hermano, quien es el actual ministro de Trabajo.
Los hijos y nieto del extinto líder José Francisco Peña Gómez también ocupan cargos en el Gobierno: José Antonio (Tony) Peña Guaba, es el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales; su hermana Arleni Peña del Orbe, fue cónsul general de la República Dominicana en Milán, Italia, ahora se desempeña como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el nieto Miguel Vásquez Peña fue cónsul en Madrid, ocupando en la actualidad el consulado en Milán, Italia.
Otro ejemplo son los Raful, encabezados por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el embajador dominicano en Italia, Tony Raful, y sus hijos Raúl Jafet Raful Soriano, designado por decreto como cónsul en Frankfurt, Alemania. Igualmente, Roberto Ángel Salcedo, en la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), junto a su padre, Roberto Salcedo, embajador en Panamá.
También se encuentran Jesús Chu Vásquez, cónsul en Nueva York; su hijo Jesús Starling Vásquez, diputado por la provincia María Trinidad Sánchez y María Elena Vásquez Taveras, actual presidenta de Procompetencia. Igor Rodríguez Durán, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (Idac). El primo de Igor, Julio Emil Duran Rodríguez, cuenta con un sueldo de RD$320 como diputado, mientras su madre Licelot del Carmen Duran de Rodríguez, tiene una pensión especial de RD$75,000 asignada por el presidente Abinader mediante el decreto 211-23; previo a esta asignación, la señora figuraba en la nómina de abril de 2023 en la Dirección de Pasaportes como encargada de la oficina regional de la zona norte con un sueldo RD$110,000, puesto que fue cedido a su hijo Jerryson Manuel Rodríguez Duran. Asimismo, el padre del director del Idac, Manuel David Rodríguez Durán, recibe el beneficio de una pensión especial de RD$75,000 otorgada por el actual jefe de Estado en enero de 2022.
Andrés Bautista, actual ministro administrativo de la Presidencia, tiene a su hijo Andrés Emmanuel Bautista, quien fue nombrado en agosto de 2020 como cónsul dominicano en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití y ahora funge como embajador en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Marco legal que prohíbe el Nepotismo
La Constitución dominicana, en su artículo 139, establece la prohibición del nepotismo en la administración pública, señalando que «no podrán ser nombrados para funciones públicas los parientes del presidente de la República, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad». Sin embargo, esta disposición constitucional no ha sido suficiente para erradicar esta práctica, que ha encontrado tecnicismos legales para perpetuarse.
“En principio el nepotismo se estableció cuando una servidor con calidad superior aprovecha esa coyuntura para favorecer a familiares con el que tiene vínculos de consanguineidad en primer al cuarto grado, sin que estos reúnan las condiciones de idoneidad y profesionales, desconociendo la meritocracia, por el solo hecho de estar emparentados, sin embargo, soy de teoría, que cuando se produce la designación en otras instituciones, como viene ocurriendo actualmente, se incurre en nepotismo, por producirse las designaciones, por el vínculo familiar”, explica a Panorama Julio Cesar de la Rosa, presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco).La Ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 80, también prohíbe el nepotismo, definiéndolo como «la designación o nombramiento de personas con las cuales el servidor público tenga parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para desempeñar funciones públicas remuneradas en la misma institución». No obstante, esta ley establece excepciones para casos en los que se demuestre la idoneidad del candidato y no exista conflicto de intereses. Estas excepciones han sido utilizadas en numerosas ocasiones para justificar nombramientos de familiares y allegados en la administración pública, lo que ha generado críticas y denuncias de favoritismo.
Además, la falta de mecanismos efectivos para verificar el cumplimiento de la ley y sancionar a quienes la infringen ha contribuido al mantenimiento de su vigencia. La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, también juega un papel importante en la lucha contra el nepotismo. Esta ley obliga a los funcionarios públicos a declarar sus bienes y los de sus familiares cercanos, lo que permite identificar posibles conflictos de intereses y casos de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de estas declaraciones y la ausencia de sanciones efectivas para quienes no cumplen con esta obligación limitan su eficacia.
A pesar del marco legal existente, el nepotismo sigue siendo un problema endémico en la administración pública dominicana. La falta de voluntad política para aplicar las leyes, la debilidad de los mecanismos de control y la cultura de clientelismo político son factores que contribuyen a la perpetuación de esta práctica. Es necesario un compromiso real por parte de las autoridades para erradicar el nepotismo y garantizar una administración pública transparente, eficiente y al servicio del interés general.
En el contexto actual, este fenómeno continúa siendo objeto de debate y crítica, ya que plantea interrogantes sobre la meritocracia y la equidad en la política dominicana. La cuestión central es si estos nombramientos se basan en el mérito y la competencia o en las conexiones familiares y la influencia política, un tema que seguirá siendo relevante en la dinámica política del país.
“Algo más grave, es el intercambio de designaciones de funcionarios de niveles medios, que consiste en designar al relacionado en una institución a cambio de que le designen otro suyo. En sentido general, es nepotismo por tratarse de un familiar que solo por esa condición son designados en detrimento de otros ciudadanos que reúnen las condiciones”, destaca el titular de Adocco.
Tener familiares en cargos públicos, sin una evaluación adecuada de méritos y competencias, compromete la eficiencia del gobierno y erosiona la confianza en las instituciones. Para combatir efectivamente el nepotismo, es fundamental implementar mecanismos de control más estrictos y transparentes. Las leyes existentes deben ser aplicadas rigurosamente, y deben establecerse sanciones claras para quienes las infrinjan.
Además, es crucial fomentar una cultura de meritocracia en el sector público, donde los nombramientos se basen en habilidades y experiencia en lugar de conexiones familiares. También es importante promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas, mediante la transparencia en los procesos de selección y la publicación de las declaraciones juradas de patrimonio. Solo con un compromiso real y sostenido por parte de las autoridades y la sociedad civil se podrá erradicar esta práctica nociva y garantizar una administración pública más justa y eficiente.
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, y el nepotismo es una amenaza directa a estos valores.
Familias que se benefician del Estado
Familia Jorge
Patricia Villegas, embajadora en Brasil US$5,000 (RD$300,000)
Dilia Leticia Jorge, exviceministra Ministerio Administrativo de la Presidencia -RD$220,000
Familia Mejía
Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional RD$265,000
Juan Garrigó Mejía, viceministro Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$220,000
Familia Germán y De Camps
Milagros Germán, ministra de Cultura RD$300,000
Milagros De Camps, exviceministra de Medio Ambiente 267,500.00
Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo RD$300,000 FUENTE PANORAMA/BR
